El gobierno de México solicitó a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una aclaración sobre el estatus jurídico del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien fue reconocido como "presidente encargado" de Venezuela por otros jefes de Estado. Durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el representante permanente de México ante este organismo, Jorge Lomónaco, expresó que pronunciarse sobre los gobiernos de otros Estados afecta su soberanía “y propicia un clima de por sí tenso, adverso, a los esfuerzos para resolver la grave situación venezoloana”. A diferencia de la mayoría de las naciones americanas y en contraste con el llamado que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, hizo en este espacio de trabajo para reconocer Guaidó; el embajador Jorge Lomónaco reiteró la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de no pronunciarse sobre el reconocimiento de los gobiernos de otros Estados.
Expuso la necesidad “de aclarar el estatus jurídico derivado de la designación del presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela y las muestras de reconocimiento y apoyo internacionales que ha recibido”. Determinó que “México solicita a la secretaría general de la OEA que nos proporcione una aclaración jurídica detallada, teniendo en consideración todos los instrumentos legales pertinentes y las consecuencias para el futuro funcionamiento de nuestra organización conforme a su mandato”. Lomónaco detalló que las resoluciones adoptadas en el marco de esta organización –tanto por parte de la Asamblea General en junio de 2108, como del Consejo Permanente en enero del 2019– sobre la falta de legitimidad en el proceso electoral de Venezuela en mayo de 2018; como de un no reconocimiento del mandato que asumió Nicolás Maduro en el pasado 10 de enero, “constituyen soluciones de carácter político que reflejan una preocupación por parte de los Estados miembro sobre la situación que aqueja a Venezuela, particularmente en cuanto a la seguridad, la prosperidad y el respeto a los derechos humanos”.
Expuso la necesidad “de aclarar el estatus jurídico derivado de la designación del presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional de Venezuela y las muestras de reconocimiento y apoyo internacionales que ha recibido”. Determinó que “México solicita a la secretaría general de la OEA que nos proporcione una aclaración jurídica detallada, teniendo en consideración todos los instrumentos legales pertinentes y las consecuencias para el futuro funcionamiento de nuestra organización conforme a su mandato”. Lomónaco detalló que las resoluciones adoptadas en el marco de esta organización –tanto por parte de la Asamblea General en junio de 2108, como del Consejo Permanente en enero del 2019– sobre la falta de legitimidad en el proceso electoral de Venezuela en mayo de 2018; como de un no reconocimiento del mandato que asumió Nicolás Maduro en el pasado 10 de enero, “constituyen soluciones de carácter político que reflejan una preocupación por parte de los Estados miembro sobre la situación que aqueja a Venezuela, particularmente en cuanto a la seguridad, la prosperidad y el respeto a los derechos humanos”.
Sin embargo, aclaró que en el caso del gobierno de México, el no pronunciarse sobre el reconocimiento de los gobiernos de otros Estados, es una práctica basada en la experiencia histórica de nuestro país y sus principios de política exterior. Lo anterior, prosiguió “no ha impedido que reiteremos nuestra profunda preocupación en lo que ocurre en este país, donde se ha deteriorado de forma significativa la situación económica y social así como la protección y respeto a los derechos humanos”. México expresó ante el pleno que lamenta las pérdidas de vidas en las manifestaciones masivas de rechazo al gobierno de Maduro del 23 de enero en el país sudamericano. Expresó solidaridad con los deudos y su luto por las víctimas
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